El sentido de la reforma educativa

Esta nueva reforma educativa que promueve el Ministro de Educación, Cultura y Deporte responde a los objetivos de cómo quiere el PP que sea el futuro de la sociedad española, más que a las metas que pudieran establecerse tras un análisis riguroso de la situación actual de la educación en España.

El preámbulo de los recortes ha conducido a la Educación a un escenario muy difícil, de auténtica desestabilización de las condiciones básicas del sistema, con un retroceso sin precedentes en los servicios necesarios para la escolarización del que dependen miles de familias en España. El aumento de ratios combinado con una reducción drástica de profesores, se ha traducido en un descenso importante de los elementos que constituyen los pilares esenciales de calidad de cualquier sistema educativo. Por mucho que el Ministro Wert diga que esto no afecta a la calidad, es evidente que supone una regresión evidente.

Durante la pasada legislatura, el incremento presupuestario junto a las medidas de atención, prevención y refuerzo, han sido el punto de apoyo para lograr superar la tasa del 30% del abandono escolar hasta cifras cercanas al 25%. La realidad es que tras años de impulso sostenido de la inversión dedicada a educación, España había alcanzado un porcentaje respecto al PIB bastante aceptable para nuestro nivel de desarrollo. Somos, junto a Corea, el país que más ha progresado en los últimos años según la propia OCDE, logrado con un alto grado de cohesión de equidad. Este es un gran logro al que nuestra sociedad no puede renunciar bajo la coartada de la reducción del déficit, la búsqueda de una falsa eficiencia en la educación y que en todo caso su salvaguarda, debe ser la prioridad de toda reforma.

Los socialistas hemos estado siempre dispuestos a participar en cualquier debate sobre los mecanismos de mejora para la educación como sistema público en nuestro país; es más, la Ley Orgánica de Educación supuso un gran acuerdo con la comunidad educativa y la mayoría de los grupos en el parlamento y es el fruto de un trabajo de diagnóstico serio y compartido de la situación y los objetivos que debíamos asumir como sociedad. Más aún, la pasada legislatura promovimos un pacto social y político por la educación desde una sincera voluntad de buscar medios para mejorar y, a pesar del rechazo por motivos electoralistas del PP, pusimos en marcha aquellas conclusiones que se obtuvieron del diálogo.

Un Diálogo que ha estado ausente en la elaboración del anteproyecto de la LOMCE y que consecuentemente, se traduce en unas propuestas que nos alejan de los retos del futuro, de los modelos internacionales de mayor éxito escolar y que nos devuelve a un esquema caduco que destierra la formación cívica para todos y abre la puerta a las reválidas. Medidas como la segregación temprana y la acumulación de pruebas sin duda van a producir un incremento del abandono prematuro y del propio fracaso escolar. Más aún si se mantienen los recortes, las reducciones de plantilla y el aumento de alumnos por aula, encontraremos que, frente a lo declarado por el Ministerio, en realidad caminamos en el sentido contrario a la mejora del abandono escolar. Nos encontramos por tanto, con una propuesta ineficaz en el ámbito de la calidad pero certera en su servicio a posiciones ideológicas conservadoras que han supuesto la definitiva eliminación de Educación para la Ciudadanía, la imposición del estatus de la religión con alternativa evaluable o protegiendo la educación que separa por sexo con fondos públicos.

Recortes y LOMCE son parte de un mismo plan que no responde a ninguna exigencia coherente, sino a una deliberada voluntad de convertir al sistema educativo en un medio para la separación y la selección social. Un cambio por el cual un sistema que da oportunidades pase a ser un mecanismo más de exclusión. Así explicamos las sucesivas reválidas, el amparo para los conciertos educativos y la separación temprana del alumnado con itinerarios muy cerrados. Unas reválidas que además ponen en duda la labor de los docentes, que busca controlar sus trabajos mediante pruebas externas, convirtiendo nuestros centros educativos en meras academias para preparar evaluaciones selectivas. El anteproyecto de la LOMCE ignora que los profesores constituyen el punto de apoyo indispensable para lograr los cambios más importantes de la educación y poder avanzar en resultados académicos y en la formación integral de nuestros alumnos

Lo más grave es que la nueva Ley amortiza avances indispensables que habíamos logrado para afrontar los retos del siglo XXI, desarrollar las competencias necesarias para una sociedad del conocimiento y de los mecanismos para aprender a lo largo de la vida. Efectivamente la lectura y la escritura son esenciales pero desde luego aumentando ratios, con menos profesores y menos atención a la diversidad, no avanzaremos. Esto generará problemas de organización y escasos resultados. Hubiera sido más eficaz concentrar los desdobles y el refuerzo de profesores de apoyo en estas materias.

Tal vez uno de los capítulos más graves de este anteproyecto es la instrumentalización de la presencia y el valor de las lenguas cooficiales como arma arrojadiza al servicio de los intereses electoralistas del PP. Más allá de los momentos poco edificantes que el Ministro Wert nos ha regalado en el Congreso, no podemos ocultar que existe una deliberada voluntad de agresión a las lenguas cooficiales y hacer que el Estado se desentienda de las mismas, ignorando su papel esencial a favor de la integración y la convivencia. La lengua es también un arma poderosa de convivencia a la que no podemos desterrar fuera de la vida escolar.

En campaña los socialistas hablamos mucho de un MIR educativo para avanzar en la formación inicial, y progresiva del profesorado que quede asociada a una carrera coherente y atractiva. Sabemos que el punto de apoyo esencial para la mejora es un profesorado con la mejor formación inicial y continua, así como tener un sistema capaz de entender la diversidad dentro de la misma aula, que la sociedad de la información ha llegado con fuerza al aprendizaje y que los resultados en PISA tienen mucho que ver con su origen socioeconómico. Estos son los elementos de los debates del futuro y no la carrera de obstáculos que propone Wert. Sin duda, la autonomía de los centros es una vía de trabajo imprescindible que más que un capítulo legislativo debe formar parte de una cultura compartida por administraciones educativas, padres y docentes. Nada tiene que ver la posibilidad de crear rankings o centros de excelencia que pueden seleccionar a sus alumnos con trabajar a favor de un modelo de mayor autonomía. Un centro debe tenerla para diagnosticar su situación, establecer objetivos y poder implicar a la comunidad educativa en su logro. Para ello las administraciones deben alentar y ayudar e incluso exigir, pero no someter a una competición de resultados que no reflejan el esfuerzo real del centro. La supuesta autonomía recogida en la LOMCE no supone un avance sino una excusa para dar más responsabilidad a directores de centros, seleccionados a dedo y someter a una presión creciente a los docentes.

Esta reforma nos aleja de Europa en un momento en el que se presentan con fuerza modelos diferentes de gobernar. Mientras Wert se dedica a despedir a miles de profesores este curso, Hollande acomete el impulso de 40.000 nuevos docentes; mientras España elimina Educación para la Ciudadanía, la mayor parte de los países de la UE, impulsa y le otorga mayor peso como asignatura porque son conscientes de que un aprendizaje cívico hace ciudadanos más conscientes y preparados para vivir en una sociedad plural, capaces de ver en los cambios sociales las oportunidades del progreso futuro.

Se trata de una cuestión de criterio, prioridades y valores. La realidad es que la reforma Wert nos aleja de los formatos de éxito, acercándonos a un modelo más injusto con procedimientos caducos y segregadores y con una deriva hacia la privatización general del sistema como ya podemos observar en la Comunidad de Madrid. Esto no quiere decir que se puedan (y se deba) realizar mejoras en el sistema ni que todo lo legislado por los gobiernos socialistas sea mejor que lo que ahora se propone pero sí exige una voluntad en el ejercicio de la reforma que demuestre la consecución de un bien común en nuestro país como es la educación de los ciudadanos. El PSOE nunca podrá estar de acuerdo con una Ley que parte de supuestos tan negativos que no busca proteger el alto grado de equidad alcanzado hasta ahora por el sistema de enseñanza pública en nuestro país, que desenfoca las prioridades de la Educación como la mejor inversión en capital humano para el progreso de la sociedad, que la convierte en terreno abonado del mercado y que nos aleja inexorablemente de los objetivos acordados en la Estrategia 2020.